Una enfermedad generalizada: Malestar social

OPINIÓN
El 2011 augura ser un año único para los españoles. Comenzó con la imposición de la nueva ley antitabaco, negociaciones con los controladores aéreos y las múltiples propuestas del equipo de gobierno sobre la modificación del sistema de pensiones, que se fijará en los 65 años, con 38 y medio cotizados, o en 67 si se han acumulado 37 años de trabajo.

A todo esto hay que sumar la subida de los impuestos y la congelación o descenso de los salarios de funcionarios y trabajadores del Estado. Solo existe una excepción, las nóminas de los presidentes y expresidentes, ministros, diputados y, por supuesto, de los alcaldes, quienes pueden elegir el montante de su sueldo.

Todos ellos tienen el porvenir asegurado, pero se dedican a debatir el futuro del resto de la sociedad. ¿Dónde quedó el dar ejemplo?¿Por qué los parlamentarios tienen  más privilegios que el resto de ciudadanos, si algunos de ellos ni si quiera realizan sus funciones?

De hecho, no existe para este colectivo ningún sistema de penalización por ausencia y es sabido por todos, que muchos de ellos no acuden a la totalidad de las sesiones programadas. Aunque no será por falta de conocimiento, puesto que el gobierno proporciona a cada diputado un móvil y un portátil personal con conexión a internet para facilitar la comunicación de las convocatorias.

A pesar de estas irregularidades de asistencia y a diferencia de un ciudadano que cumple con su horario laboral, con sólo siete años de cotización los parlamentarios tienen garantizado el 80% de la pensión y a los 12 la totalidad de la misma.

Otro punto polémico entre los ciudadanos y una pequeña parte de la clase política, es la pensión vitalicia de los expresidentes y sus compatibilidades. Algunos argumentan que no supone un esfuerzo para el gobierno, porque solo existen tres casos, Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar.

Si se realiza un desglose de los presupuestos del Estado se observa una asignación de 238.010 euros a repartir entre los tres expresidentes. De este montante, González y Aznar reciben 80.000 euros anuales cada uno. Casi 2.000 euros más que el Presidente del Gobierno, que cuenta con una retribución de 78.185.

A pesar de los más de 6.000 euros mensuales que reciben, la ley les permite desempeñar funciones con una elevada retribución económica, como la que realizan actualmente Felipe y José María en dos grande empresas de nuestro país.

Quizás también habría que revisar la ley  de compatibilidad de las pensiones, pero... ¿Qué presidente tiene el valor y la coherencia necesaria para promover una idea de este calibre?